Usted está aquí

Policía Nacional reprime a manifestantes y periodistas en Tegucigalpa y SPS

Alerta 123-17 | Honduras, jueves 30 de noviembre de 2017
 
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).Tras una serie de manifestaciones pacíficas a nivel nacional la Policía Nacional  Preventiva (PN) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) inició una fuerte represión con gases lacrimógenos y chorros de agua. La acción ocurrió de forma simultánea a inmediaciones del del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en Tegucigalpa y la entrada de la colonia López Arellano en San Pedro Sula.
 
Como pudo comprobar Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en las afueras del INFOP, se encontraban mujeres, niños, personas de la tercera edad. En las instalaciones del INFOP se realiza la introducción de los resultados de las elecciones presidenciales al sistema de información del Tribunal Supremo Electoral, que después gana al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura de Salvador Nasralla "por alrededor de un 5%, han colocado como ganador al presidente real Juan Orando Hernández.
 
“Estábamos tranquilamente celebrando de forma pacífica, cuando Manuel Zelaya Rosales y el presidente electo, Salvador Nasrralla tocaron la puerta y los policías empezaron a disparar gases lacrimógenos”, gritaba uno de los manifestantes al narrar rápidamente lo ocurrido en declaraciones a UNE TV.
 
Hacía el filo de las 11:30 p.m. las acciones de represión se extendieron también para la manifestación en la entrada de la colonia López Arellano en San Pedro Sula, indicó también el periódico alternativo, Libertad Digital HN.
 
Periodistas de UNE TV también afectados por los efectos del gas lacrimógeno denunciaron además que había personas desconocidas que se encontraba mezclada con la multitud para hacer estallar la violencia que justifique la represión.
 
Luego del lanzamiento de las bombas lacrimógenas tomadas por las cámaras de televisión, se desató una persecución sobre quienes habían participado de la manifestación, y también contra los trabajadores de prensa.
 
Hacia la media noche los periodistas, Cesar Silva y Mauricio Rivera quienes mantenían una transmisión ininterrumpida indicaron que la prensa nacional e internacional y observadores también fueron desalojados del centro de cómputo, sin dar mayores explicaciones. En los alrededores permanecen tanquetas militares y se desplazó un fuerte dispositivo de antimotines, de la Policía Nacional Preventiva y Militar.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que “la protesta social pacífica, como una manifestación del derecho de reunión, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades, así como para la fijación de posiciones y planes de acción respecto de los derechos humanos” (CIDH, 2016:167). 
 
El derecho de las y los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información, ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad. (CIDH, Informe de la relatoría para la libertad de expresión, 2002).
 
Al respecto la Corte Interamericana ha manifestado: “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse” (CIDH, 2005).
 
De este modo, la Comisión Interamericana ha manifestado que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del “orden público”, como medio para suprimir un “derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima” (CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la CIDH, 1994).