Alerta 045-2022

Tocoa Colón, Honduras (C-Libre): - Diecisiete campesinos, de la empresa asociativa campesina, Los Laureles, de la región del Bajo Aguan, fueron criminalizados por el Ministerio Público y enfrentaron la justicia hondureña, el pasado seis de junio, por realizar acciones reivindicativas de su derecho a la tierra, según denunció, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Mediante una nota publicada en su sitio web, el MADJ informó que los campesinos criminalizados luchan por recuperar la tierra, de las manos de los empresarios que utilizando la violencia se apoderaron de miles de parcelas en esa región de Honduras.

“En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras”, dice la publicación del MADJ.

Asimismo, denunció, que, para encarcelar a los campesinos, el MP trató de emplear las reformas inconstitucionales aprobadas por el Congreso Nacional, al Código Procesal Penal y el Código Penal vigente. Sostiene, que en primera instancia la Fiscalía le solicitó al juez, que se aplicara el delito de usurpación agravada y el desalojo preventivo, contra la empresa asociativa campesina Los Laureles.

Y de igual manera, según la publicación, el MP le solicitó al tribunal, emitir las órdenes de captura contra los campesinos y campesinas. Sin embargo, todas esas peticiones de la Fiscalía, fueron denegadas por el Juez de Letras de Tocoa Colón, que lleva la causa. 

Los campesinos se defenderán en libertad y la próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022, a las 9:00 de la mañana, en ese tribunal de justicia.

Para el MADJ el rechazo de todas las peticiones del MP por parte del juez, marca “un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la práctica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio”.

Sostiene la publicación, que, la criminalización de estos campesinos ocurre en el momento en que se desarrolla una negociación para la firma de acuerdos entre el sector campesino y el Estado de Honduras, con el propósito de solucionar de manera pacífica la problemática del despojo de las tierras. 

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) insta a las autoridades cumplir con los preceptos de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y demás Trabajadores de las Zonas Rurales, que establece que las y los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente, a título individual y colectivo, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La Declaración establece que las y los campesinos son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la discriminación fundada en su situación económica, social y cultural.

“Los campesinos tienen derecho a la integridad física y a no ser acosados, desalojados, perseguidos, detenidos, arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos”, señala, entre otras cosas, ese instrumento internacional, que forma parte del estamento jurídico hondureño.