Alerta 047-2022

Marcala La Paz, Honduras (C-Libre): - Mediante fallo emitido en la audiencia de declaración de imputado, el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, La Paz, a 154 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, le prohibió a la comunicadora social, Sonia Pérez López, acercarse a sus fuentes informativas.

Sonia Pérez es la corresponsal, de Radio Progreso, en el municipio de San José, departamento de la Paz, y el Ministerio Público (MP) la incluyó en un requerimiento fiscal, que criminaliza su labor periodística, de cobertura a las acciones de defensoría del territorio indígena lenca, que realizan treinta familias de la comunidad de Nueva Palestina.

En su labor, la comunicadora social no ha hecho más que informar, utilizando su derecho a la libertad de expresión, pero la Fiscalía del MP la acusó de los delitos de usurpación agravada, alteración de términos linderos y daños a la propiedad, figuras delictivas que también les imputa a treinta miembros del Consejo Indígena de Nueva Palestina.  

La resolución judicial, también le prohíbe a la comunicadora social, reunirse con otras personas, acercarse al terrateniente que reclama la tierra ancestral de Nueva Palestina y aproximarse al territorio indígena lenca.

El juez que conoce la causa también le impuso a la comunicadora la medida preventiva, de llegar a firmar el libro, en el Juzgado de Paz de San José, cada treinta días.

Vale mencionar que las medidas impuestas a la comunicadora social también son aplicables a los 30 miembros del Consejo Indígena, que con ella fueron acusados criminalmente por el MP. El Tribunal programó la realización de la audiencia inicial, para el jueves 30 de junio, acción en la que el juez determinará si mantiene las medidas o los envía a prisión.   

El pasado 25 de mayo, mediante un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio Público negó que la acusación contra la comunicadora social, Sonia Pérez, tenga que ver con su labor de informar. No obstante, ella asegura que únicamente realiza su trabajo periodístico, porque no forma parte del Consejo Indígena de Nueva Palestina, como lo asegura la Fiscalía.

“Sí, soy indígena lenca, comunicadora social y defensora de los derechos humanos, pero no formo parte del Consejo”, expresó la comunicadora social.

El territorio ancestral de Nueva Palestina lo conforman 229 hectáreas, documentadas mediante un título ancestral otorgado por la colonia española y un título de propiedad entregado en 1999 por el Instituto Nacional Agrario (INA). Sin embargo, el MP le da más valor a un documento extendido en el 2016 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, a favor del terrateniente, Juan Gabriel Argueta.

Como organización defensora de la libertad de expresión y de la Libertad de Prensa, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les recuerda a los representantes del Estado, la obligación que tienen de garantizar y de respetar esos derechos fundamentales, establecidos en la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras.

La presidenta Xiomara Castro, dijo “Reiteramos el permanente compromiso de respeto a la libertad de expresión y de conciencia como fieles representantes de la tolerancia, libertad y democracia”, durante la entrega de premios en el Día del Periodista.

Y que además, en el Examen Periódico Universal (EPU), Honduras se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho de la libertad de expresión, proteger a los periodistas, comunicadores sociales y a los defensores de los derechos humanos.