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El 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 1-2020 para los Estados de las Américas sobre el manejo de la pandemia. En su parte resolutiva dispuso a los Estados, adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia,  todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia.

El país ante la emergencia del COVID-19 ha pasado por ciertos acontecimientos que han marcado la dinámica de la gestión pública entre los cuales se pueden mencionar: el decreto de estado de excepción en todo el país (Decreto Ejecutivo PCM021-2020), asignación de presupuesto ante la emergencia, ampliación del techo para el endeudamiento externo a partir de préstamos ante organismos internacionales, donaciones nacionales e internacionales, leyes aprobadas para abordar la emergencia del COVID-19, entre otras acciones que han provocado la incertidumbre y la desconfianza entre el pueblo hondureño.