Alerta 049-2022 

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre): - La administradora de la Casa Presidencial de Honduras, Karen Suyapa Recinos García, confirmó, que las autoridades anteriores, destruyeron toda la información pública, que se había generado en esa dependencia estatal, en los últimos periodos gubernamentales.

“Esta administración de Casa presidencial, periodo 2022, recibió sin ningún tipo de documentación de gestiones anteriores”, dice el memorándum 138-2022-AG-CP, firmado por la administradora de la Casa Presidencial, con fecha 23 de junio del 2022, dando respuesta a una petición de información pública, solicitada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Recinos García, sustentó su versión, con una copia del oficio, que le envió el pasado 10 de febrero, al presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, solicitándole la conformación de una comisión que pueda inspeccionar y verificar lo ocurrido con la información pública, de la Casa Presidencial.

Otra prueba que aportó la funcionaria, es un acta de inspección que realizaron el 15 de febrero, pasado, los agentes de investigación, Alex Farid Barahona y José Antonio Gutiérrez, de la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción (UFERCO), determinando, que las computadoras estaban formateadas, la documentación triturada y las oficinas vacías.

En esa acta proporcionada por la administradora de la Casa Presidencial, el Ministerio Público establece que “se observó varias trituradoras y papel triturado, lo cual dejó constancias mediante fotografías con las que se elaboró un álbum fotográfico”.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les recuerda a las autoridades hondureñas, que el acceso a la información pública, como se establecen en las convenciones internacionales y leyes del país, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que desean obtener información y datos que se encuentran en manos del Estado, situación que hace necesaria la investigación y castigo de los responsables de destruir los documentos.

El Artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública, señala que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de conservar y custodiar toda la información pública, durante un periodo no menor de cinco años.