El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en estricto cumplimiento de su misión, promueve y defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo ético y el derecho de acceso a la información pública, ante la creación de la Dirección General de Información y Prensa comunica a la comunidad nacional e internacional, lo siguiente:

Que el 19 de septiembre del presente año fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el decreto No. PCM 023-2022, que crea esta dirección, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica que establecería al menos cuatro prácticas lesivas a la libertad de prensa y de expresión empujando a la concentración del discurso público a nivel estatal, el condicionamiento de la pauta publicitaria, la censura previa y otorgando responsabilidades más allá de su competencia a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL):

1. Lamentamos la falta de apertura y coordinación por parte del Gobierno al aprobar el PCM 023-2022, sin socializar con diferentes instancias de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, periodistas, dueños de medios de comunicación y comunicadoras/es sociales, para la creación de una instancia del Poder Ejecutivo que tiene impacto directo en el derecho a recibir información oportuna, fidedigna y sin sesgos políticos.
2. Nos preocupa que el artículo dos de esta normativa, incluya once incisos de los cuales siete son de suma preocupación, en los que (II) se concentra la información producida en todas los órganos y dependencias del gobierno (VII) brindado materiales e insumos a todos los órganos, unidades y oficinas de relaciones públicas.
3. Igualmente, se establece (III) la contratación de una empresa internacional para realizar monitoreos de medios tradicionales como radio, TV y prensa escritos e incluso redes sociales, sin establecer un objetivo claro de este monitoreo, ni los elementos que se tomarán en consideración para el diagnóstico de los medios de comunicación.
4. El establecimiento de un programa de comunicación permanente (VIII) con medios y periodistas el gobierno también favorece el control informativo, generando un ambiente de censura, limitando la libre expresión de las y los funcionarios, en consecuencia, restringiendo el libre acceso a información de las y los ciudadanos.
5. De igual manera, (IX) realizar un monitoreo diario de redes sociales y noticias producidas para establecer análisis de la información “completa y verificable” son criterios subjetivos que impulsan la censura previa.
6. Finalmente, dicho PCM 023-2022 extralimita las funciones de CONATEL al solicitar un “inventario” de medios de comunicación televisivos, radiales, periódicos digitales y escritos, pues la función de CONATEL es la supervisión y control del espectro radioeléctrico.
7. C-Libre considera que el Gobierno está a las puertas de la censura impuesta mediante el presente PCM-023-2022 y a la vigilancia de la población al crear un monitoreo de seguimiento de los medios de comunicación, redes sociales y demás plataformas de comunicación.

POR TANTO:

1. C-Libre hace un llamado al Gobierno de la Presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento, para derogar inmediatamente el PCM 023-2022, a la vez que exige acciones apegadas a ley para el respeto irrestricto a la Libertad de Expresión, recordando que la Libertad de Expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. La Libertad de Expresión es fundamental en la consolidación y desarrollo de la Democracia y protección de los Derechos Humanos y de la libertad de prensa.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 12 días del mes de octubre 2022

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El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que aglutina a más de 600 comunicadores en los 18 departamentos del país, la Organización Independiente de Prensa (OIP), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), filial de Danlí, la Asociación de Periodistas Deportivos (APD) y la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (ACOSH), ante la escalada de amenazas, persecución, intimidación y negación de información pública, por parte de la Alcaldía Municipal de Danlí, El Paraíso, en perjuicio de periodistas de este municipio, nos pronunciamos de la siguiente manera:      

1. Que el Alcalde Municipal de Danlí El Paraíso, Abraham Kafati, y funcionarios de su confianza, en repetidas ocasiones han sido denunciados por violaciones a los derechos de libertad de expresión y de libertad de prensa, en contra de periodistas que solo buscan mantener informada a la población de las acciones que se realizan en esa municipalidad.
2. Que como parte de su accionar en contra de la prensa, El Alcalde Municipal, ha proferido amenazas, intimidaciones y acciones de acoso laboral, en contra de varios periodistas y comunicadores sociales. 
3. Que el Alcalde Municipal y su personal de confianza en esa municipalidad han incurrido en violaciones a la libertad de expresión, negándoles información pública a los periodistas y comunicadores sociales que la solicitan, tal como ocurrió recientemente, con el periodista, Selvin Velásquez, del canal, ATV Danlí, a quién no solo le negaron una entrevista para abordar el tema de un incremento en la tasa vehicular, sino que también hizo una amenaza, en su contra que pondría en riesgo su seguridad.   
4. Que, en la presente administración, esa municipalidad también le ha cerrado las puertas a la prensa que busca informar sobre los temas y acuerdos de las sesiones de la Corporación Municipal.
5. POR TANTO: 

Exigimos, cese a la persecución, intimidación y amenazas, contra los periodistas y comunicadores sociales que solo buscan mantener informada a la población. 

De igual manera, les exigimos abrir los espacios para que la prensa pueda realizar su trabajo sin obstáculos y sin censura previa, tal como lo establece la Constitución de la República, los convenios internacionales ratificados por Honduras y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. 

Demandamos que se respete el derecho de los comunicadores y en general de la población de Danlí, El Paraíso, a tener un acceso incondicional a la información pública para transparentar la actividad de la municipalidad.

A la Corporación Municipal también le recordamos que el Estado de Honduras, en el Examen Periódico Universal (EPU) se comprometió a establecer las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad y la vida de los periodistas y comunicadores sociales. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de julio del 2022.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS)

Organización Independiente de Prensa (OIP)

Asociación de Prensa Hondureña (APH)

Asociación de Periodistas Deportivos (APD)

Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (ACOSH)

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), organización que aglutina a más de 600 comunicadores sociales de los 18 departamentos, ante el cierre de medios de comunicación ordenado de manera ilegal, por la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Que en mayo del 2015 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor. 
2. Que el artículo 72 de la Constitución de la República reconoce la libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura y responsabiliza ante la ley a aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.  
3. Que el pasado ocho de junio, el alcalde municipal de Danlí, El Paraíso, don Abraham Kafati, haciendo uso del acuerdo 061-2022, aprobado en sesión ordinaria de la Corporación Municipal, el 22 de marzo del 2022, le ordenó a las empresas de televisión por cable suspender las programaciones de los canales de televisión, instalados en ese municipio, que no cuentan con el respectivo permiso de operaciones y la solvencia en el pago de los impuestos.
4. Que, como parte de esta disposición, desde el 8 de junio pasado, fue directamente afectado, el canal de televisión, Aviva Tv, propiedad del periodista, Jaime Nery Diaz, medio de comunicación que en su línea editorial mantiene una posición independiente, y le da cobertura a las denuncias que se generan en esa municipalidad por el supuesto mal manejo de los recursos y por el incremento en los impuestos y tasas por servicios.
5. Que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, la administración y control del espectro radioeléctrico corresponde a CONATEL y las municipalidades no tienen autoridad para ordenar el cierre de medios de comunicación porque la Ley de Municipalidades en su artículo 112 autoriza a la municipalidad al cobro de impuestos mediante la vía de apremio judicial, previo a dos requerimientos por escrito.
6. C-Libre se ha reunido con el equipo del área legal de CONATEL, confirmando que no han emitido ninguna sanción para medios de comunicación de Danlí, El Paraíso y recordando que existe un principio de continuidad del servicio conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión. 

POR TANTO

Le exigimos a la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso, suspender el acuerdo 061-2022 aprobado en la sesión ordinaria, del 22 de marzo pasado y resarcir los daños causados a la población y a las empresas afectadas con esa disposición, que violenta el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución de la República y los convenios internacionales ratificados por Honduras.

A las empresas de cable se les hace un llamado a cumplirle a la ciudadanía y a no suspender los canales de televisión, ignorando el contenido de la Ley Marco de Telecomunicaciones.    

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos)

Tegucigalpa, Honduras. - El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Alertas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), lamentamos el fallecimiento este día, del comunicador social y camarógrafo, Ricardo Alcides Ávila, del canal de televisión y radio Metro en la ciudad de Choluteca.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), se pronuncian de la siguiente manera:

1. El día de mañana jueves 4 de agosto de 2022 en los Juzgados de lo Penal de la ciudad de Choluteca, se realizará audiencia AD-HOC a favor del periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera, perseguido judicialmente desde el año 2007, por publicar una denuncia de acoso sexual contra menores de edad, a solicitud de padres de familia y alumnas del Instituto José Cecilio del Valle.

2. Luego de analizar legalmente el caso del periodista Carlos Ávila, el equipo de C-Libre concluye:
   1. Carlos Eduardo Ávila Aguilera, hizo uso de su derecho a la libre expresión amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
   2. Durante el proceso, Carlos Ávila ha sido víctima de retardo injustificado de justicia, dejando en clara violación a los artículos 96 de la Constitución de la República de Honduras y artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente a la incorrecta aplicación del principio de retroactividad de la ley.
   3. Sumado a lo anterior, Carlos Ávila, es víctima del uso excesivo y arbitrario de los tipos penales relativos a los delitos contra el honor, contemplados en el Código Penal.

Por tanto:

• C-Libre y la Red RAPCOS solicitan justicia para el periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera, la aceptación por parte de la juez a cargo del caso de la amnistía sin más dilatoria.
• Exigimos, se respeten, la libre emisión del pensamiento y la libertad prensa, porque la labor de un periodista se limita a mantener informado a sus radioescuchas, televidentes y lectores.
• Instamos a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional a que se despenalicen los delitos contra el honor y que ningún periodista pague con cárcel por decir la verdad.

Dado en la ciudad de Choluteca, Honduras, a los 3 días del mes de agosto de 2022.

Ser periodista en Honduras es una profesión de alto riesgo, así llega este 25 de mayo, día dedicado a las mujeres y hombres de la prensa, una fecha que nos llama a levantar la voz para exigir justicia para los 96 periodistas asesinados desde el 2001, de estos 90% se encuentran en la impunidad, sus asesinos siguen libres.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), y la Red de Alertas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que aglutina a más de 600 comunicadores en los 18 departamentos, en esta fecha que conmemoramos el Día de las y los Periodistas, recordamos al Gobierno dar respuesta a las demandas presentadas en la propuesta a la Presidenta Xiomara Castro, es urgente que pare tanta violencia, persecución legal y criminalización contra los hombres y mujeres que ejercemos el periodismo. 

El Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Seguridad y el Ministerio Público, deben dar respuestas con acciones concretas, para investigar los 96 asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales, son dos décadas que llevamos exigiendo el esclarecimiento de estos crímenes, sin obtener respuestas concluyentes, en las que se lleven a los tribunales y se dicte sentencia a los responsables.

Vemos con preocupación que el Mecanismo Nacional de Protección desde sus inicios, las medidas que ha implementado son pocas para garantizar la seguridad y vida de periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo, debido a la burocracia y poca sensibilidad ante las poblaciones diversas que acompañan.

Sumando a estos los procesos legales y enjuiciamiento que enfrentan más de 40 periodistas y comunicadores sociales en el país. Es el caso del colega, Carlos Ávila, en Choluteca, que se ha visto obligado a esconderse para no ser llevado a prisión, siendo este un caso a típico pues se le aplican los dos Códigos Penales, el fin es la persecución política y el silenciamiento. 

La persecución legal se mantiene al igual que en décadas anteriores, manifestándose más cruenta con la aplicación del nuevo Código Penal, este restringe de forma desproporcionada las libertades de expresión y de prensa, se encuentran incluidos los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234 relativos a los delitos contra el honor de injuria y calumnia, del Capítulo III del Código Penal, utilizado como herramienta para la criminalización de periodistas y comunicadores sociales.

Tipificando además como “espionaje” o “terrorismo” la labor periodística a través de los artículos 563, 587, entre otros 18 artículos que afectan la libertad de expresión en su ámbito más amplio que incluye las manifestaciones sociales y la protesta.

En mayo del 2015 y 2020 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor a ser querellados o intimidados.  Hasta ahora sigue siendo un compromiso no cumplido.

Reconocemos como acción afirmativa, la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos conocida como “Ley de Secretos”, sin embargo se mantienen vigentes acciones de impunidad como la documentada recientemente por el sistema de Alertas de C-Libre, registra en la Alerta 032-2022 la comisionada de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivon Ardón denuncia las sustracción de documentos públicos en varias alcaldías del país, desapareciendo archivos relacionados con la ejecución de recursos económicos en administración anterior.

C-Libre ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia en 2019 de los artículos 18 y 19, y contra el Código Penalpor lo que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviar comunicado al Congreso Nacional para declarar inconstitucional ambas normativas.

Igual camino lleva el recurso de inconstitucionalidad de la “Ley de Escuchas”, hasta ahora no hay respuesta de la Corte Suprema en ambas se atentan directamente con el libre ejercicio de prensa, violando el derecho fundamental de acceso a la información pública establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

C-Libre y RAPCOS exigimos:

1. Un Plan Nacional contra la impunidad de casos de periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una Política Pública, programas o acciones dirigidas al efectivo cumplimiento en la recepción, investigación y judicialización de casos.
2. Se inicie un verdadero proceso de investigación por muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales, se investiguen todos los delitos de violencia como el ciberacoso y amenazas para coartar el libre ejercicio de prensa y de expresión.
3. Al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo exigimos la eliminación de todos los tipos penales que criminalizan el ejercicio de la libertad de prensa. Enviando a Comisión de Dictamen la propuesta presentada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Darío Morán, a inicios de mayo, para la derogación de los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234, del Capítulo III, Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal vigente, que tipifica los delitos contra el honor penalizándolos con multa y cárcel, para que sea discutida con diversos sectores de la sociedad, especialmente a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, ampliando además la dimensión del ámbito civil y que las sanciones a este tipo de delitos sean estrictamente proporcionales a los daños reales causados.
4. A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver como inconstitucional los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia.
5. A la secretaria de Derechos Humanos que fortalezca las capacidades técnicas, presupuestarias y de decisión al Mecanismo Nacional de Protección para que cumplan con las medidas de seguridad apropiadas y en todo momento a los y las periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo.

Tegucigalpa, 25 de mayo de 2022.