Pronunciamientos

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), organización que aglutina a más de 600 comunicadores sociales de los 18 departamentos, ante el cierre de medios de comunicación ordenado de manera ilegal, por la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso, nos pronunciamos de la siguiente manera:

  1. Que en mayo del 2015 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor. 
  2. Que el artículo 72 de la Constitución de la República reconoce la libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura y responsabiliza ante la ley a aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.  
  3. Que el pasado ocho de junio, el alcalde municipal de Danlí, El Paraíso, don Abraham Kafati, haciendo uso del acuerdo 061-2022, aprobado en sesión ordinaria de la Corporación Municipal, el 22 de marzo del 2022, le ordenó a las empresas de televisión por cable suspender las programaciones de los canales de televisión, instalados en ese municipio, que no cuentan con el respectivo permiso de operaciones y la solvencia en el pago de los impuestos.
  4. Que, como parte de esta disposición, desde el 8 de junio pasado, fue directamente afectado, el canal de televisión, Aviva Tv, propiedad del periodista, Jaime Nery Diaz, medio de comunicación que en su línea editorial mantiene una posición independiente, y le da cobertura a las denuncias que se generan en esa municipalidad por el supuesto mal manejo de los recursos y por el incremento en los impuestos y tasas por servicios.
  5. Que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, la administración y control del espectro radioeléctrico corresponde a CONATEL y las municipalidades no tienen autoridad para ordenar el cierre de medios de comunicación porque la Ley de Municipalidades en su artículo 112 autoriza a la municipalidad al cobro de impuestos mediante la vía de apremio judicial, previo a dos requerimientos por escrito.
  6. C-Libre se ha reunido con el equipo del área legal de CONATEL, confirmando que no han emitido ninguna sanción para medios de comunicación de Danlí, El Paraíso y recordando que existe un principio de continuidad del servicio conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión. 

POR TANTO

Le exigimos a la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso, suspender el acuerdo 061-2022 aprobado en la sesión ordinaria, del 22 de marzo pasado y resarcir los daños causados a la población y a las empresas afectadas con esa disposición, que violenta el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución de la República y los convenios internacionales ratificados por Honduras.

A las empresas de cable se les hace un llamado a cumplirle a la ciudadanía y a no suspender los canales de televisión, ignorando el contenido de la Ley Marco de Telecomunicaciones.    

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos)

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y la Red de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), se pronuncian de la siguiente manera:

  1. El día de mañana jueves 4 de agosto de 2022 en los Juzgados de lo Penal de la ciudad de Choluteca, se realizará audiencia AD-HOC a favor del periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera, perseguido judicialmente desde el año 2007, por publicar una denuncia de acoso sexual contra menores de edad, a solicitud de padres de familia y alumnas del Instituto José Cecilio del Valle.

 

  1. Luego de analizar legalmente el caso del periodista Carlos Ávila, el equipo de C-Libre concluye:
    1. Carlos Eduardo Ávila Aguilera, hizo uso de su derecho a la libre expresión amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
    2. Durante el proceso, Carlos Ávila ha sido víctima de retardo injustificado de justicia, dejando en clara violación a los artículos 96 de la Constitución de la República de Honduras y artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente a la incorrecta aplicación del principio de retroactividad de la ley.
    3. Sumado a lo anterior, Carlos Ávila, es víctima del uso excesivo y arbitrario de los tipos penales relativos a los delitos contra el honor, contemplados en el Código Penal.

Por tanto:

  • C-Libre y la Red RAPCOS solicitan justicia para el periodista Carlos Eduardo Ávila Aguilera, la aceptación por parte de la juez a cargo del caso de la amnistía sin más dilatoria.
  • Exigimos, se respeten, la libre emisión del pensamiento y la libertad prensa, porque la labor de un periodista se limita a mantener informado a sus radioescuchas, televidentes y lectores.
  • Instamos a la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional a que se despenalicen los delitos contra el honor y que ningún periodista pague con cárcel por decir la verdad.

 

Dado en la ciudad de Choluteca, Honduras, a los 3 días del mes de agosto de 2022.

Ser periodista en Honduras es una profesión de alto riesgo, así llega este 25 de mayo, día dedicado a las mujeres y hombres de la prensa, una fecha que nos llama a levantar la voz para exigir justicia para los 96 periodistas asesinados desde el 2001, de estos 90% se encuentran en la impunidad, sus asesinos siguen libres.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), y la Red de Alertas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que aglutina a más de 600 comunicadores en los 18 departamentos, en esta fecha que conmemoramos el Día de las y los Periodistas, recordamos al Gobierno dar respuesta a las demandas presentadas en la propuesta a la Presidenta Xiomara Castro, es urgente que pare tanta violencia, persecución legal y criminalización contra los hombres y mujeres que ejercemos el periodismo. 

El Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Seguridad y el Ministerio Público, deben dar respuestas con acciones concretas, para investigar los 96 asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales, son dos décadas que llevamos exigiendo el esclarecimiento de estos crímenes, sin obtener respuestas concluyentes, en las que se lleven a los tribunales y se dicte sentencia a los responsables.

Vemos con preocupación que el Mecanismo Nacional de Protección desde sus inicios, las medidas que ha implementado son pocas para garantizar la seguridad y vida de periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo, debido a la burocracia y poca sensibilidad ante las poblaciones diversas que acompañan.

Sumando a estos los procesos legales y enjuiciamiento que enfrentan más de 40 periodistas y comunicadores sociales en el país. Es el caso del colega, Carlos Ávila, en Choluteca, que se ha visto obligado a esconderse para no ser llevado a prisión, siendo este un caso a típico pues se le aplican los dos Códigos Penales, el fin es la persecución política y el silenciamiento. 

La persecución legal se mantiene al igual que en décadas anteriores, manifestándose más cruenta con la aplicación del nuevo Código Penal, este restringe de forma desproporcionada las libertades de expresión y de prensa, se encuentran incluidos los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234 relativos a los delitos contra el honor de injuria y calumnia, del Capítulo III del Código Penal, utilizado como herramienta para la criminalización de periodistas y comunicadores sociales.

Tipificando además como “espionaje” o “terrorismo” la labor periodística a través de los artículos 563, 587, entre otros 18 artículos que afectan la libertad de expresión en su ámbito más amplio que incluye las manifestaciones sociales y la protesta.

En mayo del 2015 y 2020 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor a ser querellados o intimidados.  Hasta ahora sigue siendo un compromiso no cumplido.

Reconocemos como acción afirmativa, la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos conocida como “Ley de Secretos”, sin embargo se mantienen vigentes acciones de impunidad como la documentada recientemente por el sistema de Alertas de C-Libre, registra en la Alerta 032-2022 la comisionada de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivon Ardón denuncia las sustracción de documentos públicos en varias alcaldías del país, desapareciendo archivos relacionados con la ejecución de recursos económicos en administración anterior.

C-Libre ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia en 2019 de los artículos 18 y 19, y contra el Código Penalpor lo que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviar comunicado al Congreso Nacional para declarar inconstitucional ambas normativas.

Igual camino lleva el recurso de inconstitucionalidad de la “Ley de Escuchas”, hasta ahora no hay respuesta de la Corte Suprema en ambas se atentan directamente con el libre ejercicio de prensa, violando el derecho fundamental de acceso a la información pública establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

C-Libre y RAPCOS exigimos:

  1. Un Plan Nacional contra la impunidad de casos de periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una Política Pública, programas o acciones dirigidas al efectivo cumplimiento en la recepción, investigación y judicialización de casos.
  2. Se inicie un verdadero proceso de investigación por muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales, se investiguen todos los delitos de violencia como el ciberacoso y amenazas para coartar el libre ejercicio de prensa y de expresión.
  3. Al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo exigimos la eliminación de todos los tipos penales que criminalizan el ejercicio de la libertad de prensa. Enviando a Comisión de Dictamen la propuesta presentada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Darío Morán, a inicios de mayo, para la derogación de los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234, del Capítulo III, Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal vigente, que tipifica los delitos contra el honor penalizándolos con multa y cárcel, para que sea discutida con diversos sectores de la sociedad, especialmente a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, ampliando además la dimensión del ámbito civil y que las sanciones a este tipo de delitos sean estrictamente proporcionales a los daños reales causados.
  4. A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver como inconstitucional los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia.
  5. A la secretaria de Derechos Humanos que fortalezca las capacidades técnicas, presupuestarias y de decisión al Mecanismo Nacional de Protección para que cumplan con las medidas de seguridad apropiadas y en todo momento a los y las periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo.

Tegucigalpa, 25 de mayo de 2022.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que aglutina a más de 600 comunicadores en los 18 departamentos del país, la Organización Independiente de Prensa (OIP), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), filial de Danlí, la Asociación de Periodistas Deportivos (APD) y la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (ACOSH), ante la escalada de amenazas, persecución, intimidación y negación de información pública, por parte de la Alcaldía Municipal de Danlí, El Paraíso, en perjuicio de periodistas de este municipio, nos pronunciamos de la siguiente manera:      

  1. Que el Alcalde Municipal de Danlí El Paraíso, Abraham Kafati, y funcionarios de su confianza, en repetidas ocasiones han sido denunciados por violaciones a los derechos de libertad de expresión y de libertad de prensa, en contra de periodistas que solo buscan mantener informada a la población de las acciones que se realizan en esa municipalidad.
  2. Que como parte de su accionar en contra de la prensa, El Alcalde Municipal, ha proferido amenazas, intimidaciones y acciones de acoso laboral, en contra de varios periodistas y comunicadores sociales. 
  3. Que el Alcalde Municipal y su personal de confianza en esa municipalidad han incurrido en violaciones a la libertad de expresión, negándoles información pública a los periodistas y comunicadores sociales que la solicitan, tal como ocurrió recientemente, con el periodista, Selvin Velásquez, del canal, ATV Danlí, a quién no solo le negaron una entrevista para abordar el tema de un incremento en la tasa vehicular, sino que también hizo una amenaza, en su contra que pondría en riesgo su seguridad.   
  4. Que, en la presente administración, esa municipalidad también le ha cerrado las puertas a la prensa que busca informar sobre los temas y acuerdos de las sesiones de la Corporación Municipal.
  5. POR TANTO: 

Exigimos, cese a la persecución, intimidación y amenazas, contra los periodistas y comunicadores sociales que solo buscan mantener informada a la población. 

De igual manera, les exigimos abrir los espacios para que la prensa pueda realizar su trabajo sin obstáculos y sin censura previa, tal como lo establece la Constitución de la República, los convenios internacionales ratificados por Honduras y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. 

Demandamos que se respete el derecho de los comunicadores y en general de la población de Danlí, El Paraíso, a tener un acceso incondicional a la información pública para transparentar la actividad de la municipalidad.

A la Corporación Municipal también le recordamos que el Estado de Honduras, en el Examen Periódico Universal (EPU) se comprometió a establecer las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad y la vida de los periodistas y comunicadores sociales. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de julio del 2022.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS)

Organización Independiente de Prensa (OIP)

Asociación de Prensa Hondureña (APH)

Asociación de Periodistas Deportivos (APD)

Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (ACOSH)

 

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) ante la Propuesta de Ley para derogar los “delitos contra el honor” y ante la criminalización y estigmatización de la que son objeto las y los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación del país, y a pocos días de celebrarse el Día del Periodista en Honduras, se pronuncian de la siguiente manera:

  1. Que el derecho a la libertad de expresión es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento.
  2. Que en mayo del 2015 y 2020 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor a ser querellados o intimidados.
  3. Que en Julio de 2019la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifestaron preocupación por las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y la libertad de prensa contenidas en el nuevo Código Penal. Y que, de la misma forma, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, también se manifestó preocupada con la tipificación de responsabilidades penales de la injuria y la calumnia.
  4. Que de acuerdo con los estándares internacionales los delitos contra el honor no deben judicializarse por la vía penal sino dirimirse en instancias civiles, pero, además, que las sanciones civiles por difamación y calumnia no sean desproporcionales causando efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión, sino diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para indemnizar al demandante o castigar a la persona demandada.
  5. Que la Constitución de la República, en su artículo 15, hace suyos los preceptos contenidos en estos instrumentos que protegen la libertad de expresión.
  6. Que la misma Constitución en su artículo 72 reconoce la libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura y responsabiliza ante la ley a aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Sin embargo, el Código Penal vigente, contenido en el Decreto 130-2017 contiene 18 artículos que criminalizan la libertad de expresión, en todas sus dimensiones.
  7. Que entre esos preceptos lesivos para la libertad de expresión se encuentran incluidos los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234 relativos a los delitos contra el honor de injuria y calumnia, del Capítulo III del Código Penal, utilizado como herramienta para la criminalización de periodistas y comunicadores sociales, tal como se detalla a continuación:

Artículo

Contenido

Observación

229

INJURIA

Según el Código Penal es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama. Las injurias hechas con publicidad deben ser castigadas con multa de 200 a 500 días y las sin publicidad, con 100 a 200 días.

230

CALUMNIA

Definida como la falsa atribución de un delito con conocimiento de su falsedad. Las calumnias hechas con publicidad son penadas con seis meses a un año de cárcel y multa de 500 a 1000 días. Y en el caso de ser sin publicidad con multa de 200 a 500 días.

231

INJURIAS Y CALUMNIAS SOBREINSTITUCIÓN SUPERVISADA

Si las injurias o calumnias recaen sobre una institución sujeta a la supervisión e inspección de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o sus funcionarios y se atente contra la reputación de la institución, prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones,  las penas serán  las mismas del artículo 230 incrementadas en un medio.

232

CONCEPTO DE PUBLICIDAD

Las injurias y calumnias se entienden hechas con publicidad cuando se efectúan a través de medios impresos, televisión, radio, Internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante.

233

RESPONSABILIDAD CIVIL

En caso de que la injuria o calumnia se realicen con publicidad, es responsable civil de manera subsidiaria la persona natural o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la injuria o calumnia.

234

PROCEDIBILIDAD Y PERDÓN

Para proceder por injuria o calumnia es precisa la presentación de querella por parte de la persona ofendida. El perdón del ofendido o de su representante legal, otorgado en los términos del artículo 108 del presente Código, extingue la acción penal.

  1. Que la aplicación de los preceptos mencionados anteriormente provoca que en la actualidad más de cuarenta periodistas y comunicadores sociales enfrenten querellas y sentencias condenatorias por acusaciones de injuria y calumnia, juicios que se han derivado por “delitos contra honor” después de haber publicado informaciones en el ejercicio del periodismo., situación que no podemos seguir tolerando las organizaciones firmantes.
  2. Que las penas establecidas en el nuevo Código Penal contemplan mantienen la prisión sin el derecho a la conmuta con el propósito de que los periodistas acusados por difamación y calumnia sean enviados a la cárcel. 

POR TANTO:

Al Congreso Nacional le exigimos que la propuesta presentada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Darío Morán, a inicios de mayo, para la derogación de los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234, del Capítulo III, Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal vigente, que tipifica los delitos contra el honor penalizándolos con multa y cárcel, sea turnada a una Comisión Dictamen.

Que la propuesta sea discutida con diversos sectores de la sociedad, especialmente a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación.

Que el anteproyecto de Ley amplíe la dimensión del ámbito civil y que las sanciones a este tipo de delitos sean estrictamente proporcionales a los daños reales causados.

Instamos a las bancadas de los diversos partidos políticos acompañen la propuesta presentada luego de esta amplia discusión.

Finalmente, que estas acciones están enmarcadas en los pasos para producir avances democráticos en Honduras que las organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos estamos dispuestos a acompañar.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los diecinueve días del mes de mayo del año 2022

 

Amada Ponce

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Osman Reyes

Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)

Carlos Ortíz

Asociación de Prensa Hondureña (APH)

Carlos Enamorado

Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH)