Alerta 031-2017


Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La periodista y defensora de los derechos humanos Evelyn Molina Castañeda del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue secuestrada temporalmente y torturada sicológicamente en un transporte público de la capital.

La periodista fue víctima a bordo de un taxi colectivo, junto a otra defensora que omitimos su nombre y otra mujer no identificada, que se transportaban del bulevar Suyapa al centro de la capital.   
 
Según el testimonio de Castañeda, al llegar a inmediaciones del Hospital Escuela Universitario el taxista “subió a un hombre de contextura fornida trigueño, de estatura aproximada a 1.85 metros” que las torturó amenazándoles con quitarles la vida, para después robarles sus pertenencias incluidos documentos personales.
 
El agresor se sentó a la par de la periodista e inmediatamente “metió su mano en la mochila que portaba y sacó una pistola”, que utilizó en todo momento para intimidarlas relató la periodista.

Tras abordar la unidad de transporte el agresor, le ordenó al taxista, que retornara por el bulevar Suyapa. Al llegar a la misma intersección frente al Hospital Escuela Universitario una patrulla policial estaba situada a dos vehículos de distancia, pero las esperanzas de ser rescatadas se desvaneció cuando “llamaron al celular del supuesto ladrón, lo puso en altavoz y una mujer le dijo ya viste que traes una patrulla atrás”.

Mientras las transportaban, el secuestrador le decía a Castañeda “te voy a hacer un disparo en la manos para que quedes sin dedos y me recuerdes. Me ponía la pistola en la nuca, yo lloraba. Después –el desconocido- me dijo: No mejor en las piernas así quedas invalida y me recuerdas toda la vida”.

La Declaración de Principios de Libertad de Expresión en el numeral nueve, establece de forma clara que, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

“Íbamos a paso lento, la mujer al teléfono le dijo que se parara donde siempre. Le dio orden al taxi que continuara y nos detuvimos justamente frente –al centro comercial- Plaza Milenium, allí una mujer lo esperaba, solo le escuché la vos y vi su manos cuando él le entregaba mi tarjeta de identidad y mi tarjeta de crédito había sacado de mi cartera también 840 lempiras”, denunció la afectada.

Las defensoras fueron llevadas por varios sitios de la ciudad altamente transitados hasta dejarlas abandonadas a inmediaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en la colonia Miraflores.

La periodista se mostró muy preocupada por su seguridad, porque parte de las pertenencias que le robaron incluye documentos que contienen el horario de atención al público y la dirección de su lugar de trabajo.

Además del taxista y del hombre que abordó la unidad para someterlas, participó una mujer y otro desconocido quienes a través del teléfono celular les amenazaban y le daban instrucciones a la persona que las llevaba secuestradas.

Comité por la Libre Expresión


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Secuestro

Si no se presume la participación del Estado, se perfila un secuestro extorsivo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, obligan a cada Estado Parte, a “tomar medidas para proteger la vida, libertad, intimidad, reputación y demás derechos fundamentales de la población frente a la delincuencia común u organizada”.

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