Pronunciamientos

CONSIDERANDO: Que este miércoles nueve de abril la protesta estudiantil sostenida en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH – CU), fue reprimida con violencia desmedida por elementos de la Policía Nacional, quienes lanzaron gases lacrimógenos desde helicópteros para impedir que los manifestantes se pronunciaran en contra del cierre del Instituto Nacional de Formación Profesional y el  incremento del costo de la energía eléctrica.

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CONSIDERANDO: Que este domingo, 07 de abril, fallecieron en un accidente vehicular ocurrido en Guatemala, ANA PAULA HERNÁNDEZ, de nacionalidad mexicana y oficial del Programa para América Latina del Fondo Gobal de Derechos Humanos; SALLY O’NEIL, irlandesa y representante del Fondo Global en Honduras; y ANA VELÁSQUEZ, guatemalteca e integrante del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). También falleció DANIEL TUC, quien por años ha sido chófer de confianza de muchas compañeras y organizaciones de derechos humanos en Guatemala.

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COMUNICADO

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en relación con las campañas de odio y hostigamientos contra periodistas que han cubierto las recientes caravanas de migrantes en Honduras, Guatemala y México expresamos lo siguiente:

Frente a las campañas de desinformación generadas por los gobiernos de origen, tránsito y acogida de migrantes, así como el silencio informativo de las causas que generan la migración, destacamos la labor de los periodistas que arriesgando su integridad física y en condiciones precarias han realizado la labor de divulgación, acompañando el recorrido de miles de personas expulsadas de su país.

Estas labores de cobertura han tenido como respuesta gubernamental de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos campañas de estigmatización que buscan profundizar el desconocimiento de la población y la desinformación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en recientes comunicados expresó que la región “ha sido testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos, quienes se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas que incluyen, principalmente, la situación de violencia e inseguridad, la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales, la pobreza y la falta de oportunidades, y que recientemente han venido a integrar las llamadas “caravanas de migrantes”.

También expresó: “con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados de un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”.

El informe 2018 de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (OACNUD), establece que “la narrativa estigmatizante de la caravana [contra] los migrantes que comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales insinuó que el movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, incluidos yihadistas, maras y pandillas, así como también orquestado por la oposición política con “propósitos políticos y criminales”.

Estas campañas de odio sostenidas por altos funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados Unidos, llevaron como primera acción la detención ilegal del periodista, Bartolo Fuentes, en el Estado de Guatemala el 16 de octubre de 2018, la cancelación de visas y otras sanciones.

Desde entonces, tanto Fuentes como otros periodistas y defensores de derechos humanos han sido hostigados por autoridades migratorias de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. La campaña de desprestigio ha continuado en Estados Unidos por parte del Secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, en su visita a Washington en febrero de 2019.

Frente a esto, expresamos las siguientes preocupaciones:

  1. Que según el documento “Rama de Operaciones en el extranjero del sector de San Diego: Caravana Migrantes FY-2019, organizadores, coordinadores, instigadores y medios sospechosos” filtrado supuestamente desde la Inteligencia Estados Unidos-México y publicado por el diario NBC-San Diego, de California incluyen a diferentes defensores de humanos de los migrantes, pero especialmente a periodistas.
  2. Que se mantienen las campañas de estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado de Honduras y Guatemala para congraciarse con los Estados Unidos de América, con la finalidad de criminalizar a periodistas como Bartolo Fuentes.
  3. Que tanto en Honduras como en Guatemala no presentaron hasta la fecha las acusaciones respectivas contra funcionarios públicos por las violaciones a derechos fundamentales de Bartolo Fuentes, por la detención ilegal y por las campañas de odio.

Exigimos al Estado hondureño que:

  1. Garantice a los periodistas y defensores de derechos de los migrantes el ejercicio de su trabajo y que reconozca su labor en función del interés público.
  2. Que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de apología al odio contra la Secretaria de Relaciones Exteriores, María Dolores Agüero.
  3. Que el Estado de Honduras se abstenga de crear falsas acusaciones penales contra el periodista, Bartolo Fuentes, como otros comunicadores que cumplen con su trabajo.

 

Tegucigalpa, 03 de abril 2019

 

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MANIFIESTO

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ante el asesinato del periodista Gabriel Hernández, se manifiesta de la siguiente forma:

1. Repudiamos el asesinato contra el periodista Leonardo Gabriel Hernández (54), quien luego de regresar de un centro universitario y dirigirse hacia su casa de habitación, una persona que aún no ha sido identificada le disparó en varias ocasiones causándole la muerte. Ante este hecho, C-Libre muestra su solidaridad y acompañamiento hacia la familia del periodista.-

2. El periodista Leonardo Gabriel Hernández, integrante de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS-Nacaome), desde su espacio televisivo “El Pueblo Habla” de Valle TV, se caracterizaba por ser crítico de la gestión del alcalde municipal y de diputados al Congreso Nacional por el departamento de Valle.

3. El asesinato de periodistas constituye la forma de censura más extrema. Dicha acción no solo vulnera de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de estos derechos.

4. El Estado no ha cumplido con la obligación de prevención de la violencia contra la prensa en la zona sur aun que desde hace tiempo se ha puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sobre la situación de riesgo real que enfrentan las y los periodistas en los departamentos de Valle y Choluteca en casos como la criminalización, persecución y campañas de desprestigio contra el periodista Jairo López, la situación del periodista Leonel García y la reciente agresión contra la periodista Melissa Hernández.

5. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (RELE-CIDH), en los casos de violencia contra periodistas llama a los Estados de la región a que actúen “con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican el crimen, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. 

Por tanto, C-Libre exige:

  •  A la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), que de manera inmediata realice las investigaciones correspondientes con enfoque en libertad de expresión, a fin de que este caso no quede impune.
  •  Al Mecanismo Nacional de Protección que brinden todas las medidas de protección integral a los periodistas de la zona que están en riesgo.

 

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de marzo de 2019

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